El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado este martes la extradición a Estados Unidos de Vitaly Vanshelboim, un ex alto cargo de la ONU acusado por las autoridades de Washington de haber aceptado sobornos millonarios a cambio de desviar 60 millones de dólares en subvenciones y préstamos no garantizados a las sociedades del empresario británico David Kendrick. El auto confirma así la decisión que tomó el pasado 21 de octubre la Sala Segunda de este mismo órgano judicial y que había sido recurrida en súplica por Vanshelboim, quien, entre otras alegaciones, aseguraba que gozaba de inmunidad por ser personal del organismo internacional y que EE UU no había solicitado la autorización de su secretario general, António Guterres, para proceder contra él. La resolución judicial cuenta con el voto particular de uno de los 20 magistrados que han participado en la deliberación, que pide, precisamente, condicionar la entrega a la confirmación de la ONU sobre la supuesta inmunidad del reclamado. La decisión no es recurrible, aunque la entrega debe ser en última instancia aprobada por el Gobierno.
Vanshelboim —al que Gran Jurado del Distrito Sur de Nueva York atribuye delitos de soborno, fraude electrónico y blanqueo de capitales— estuvo durante cerca de 30 años vinculado profesionalmente a Naciones Unidas, tiempo durante el que ocupó, entre oros cargos, el de director ejecutivo de UNOPS, la agencia de Naciones Unidas de apoyo a proyectos de infraestructuras y adquisiciones para otras agencias, con empleados en más de 80 países. El ex alto cargo supuestamente cometió los delitos entre septiembre de 2015 y agosto de 2023, cuando ocupaba este puesto. Vanshelboim fue arrestado en marzo pasado en Alicante en aplicación de una orden de detención emitida por las autoridades estadounidenses. Desde entonces permanece en prisión a la espera.
En el auto conocido este martes, la Audiencia Nacional desestima todas las alegaciones planteadas por el ex alto cargo de la ONU, que incluso había alegado que su caso encubría supuestamente “una persecución política” dado su origen ucranio “en conexión con intereses estratégicos entre Estados Unidos y Ucrania”. Sin embargo, los magistrados descartan esta motivación al considerar que la alegación planteada por Vanshelboim “carece de la mínima base objetiva, al no contar con el adecuado respaldo probatorio, ni siquiera indiciario” y que “de lo actuado en la causa no existe indicio alguno que permita, siquiera intuir, una posible instrumentalización del proceso penal como medio de represalia institucional”. La resolución judicial también descarta que el ex alto cargo tenga la condición formal de asilado en España, como también esgrimía para evitar su extradición.
