Los viajeros afectados por el accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba) —al chocar un tren Alvia con dos vagones descarrilados de un convoy de Iryo— tienen derecho a una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Como mínimo, recibirán lo establecido en el seguro obligatorio de viajeros (SOV), que fija el pago de 72.121 euros en caso de fallecimiento. A última hora de la mañana se habían reportado 39 muertes. Más allá de esta cobertura, entrará en juego el eventual seguro de responsabilidad de quien se considere responsable del siniestro.

El seguro obligatorio de viajeros tiene por finalidad indemnizar a las personas que sufran daños corporales durante su desplazamiento en un medio de transporte público colectivo. Forma parte del precio del viaje, por lo que los viajeros están cubiertos solamente por tener el billete. En el caso de daños corporales, las indemnizaciones van desde los 2.400 euros hasta los 84.000 euros que se pagarán a los heridos que sufran graves secuelas de por vida. Estas son las coberturas mínimas que tienen los alrededor de 500 pasajeros que viajaban en los trenes Iryo y Alvia siniestrados, y se ejecutan rápidamente, al igual que un seguro de vida estándar normal. Por el contrario, las indemnizaciones pueden ser mucho más elevadas, aunque pueden tardar años en ejecutarse.

Carlos Lluch, director del bróker de seguros Lluch & Juelich, recuerda que ahora habrá que ver el papel de “las aseguradoras que cubren la responsabilidad civil de las empresas implicadas, como son Iryo, Renfe [que operaba el Alvia siniestrado] y Adif [el operador ferroviario dueño de las vías], pero antes habrá que determinar qué ha provocado el siniestro”. Tanto desde el Ministerio de Fomento como desde Renfe han mostrado su perplejidad por un accidente tan grave en un tramo recto, recién reformado, y por el descarrilamiento de un tren casi nuevo.

Las pólizas de responsabilidad civil

Según la Ley del Sector Ferroviario, el solicitante de una licencia de operador —como Iryo o Renfe—, debe tener cubierta la responsabilidad civil en que puede incurrir en el ejercicio de su actividad: por daños causados a los viajeros, a la carga, al equipaje, al correo, a terceros y a las infraestructuras ferroviarias. Las grandes empresas de transporte público suscriben estas pólizas de responsabilidad civil con gigantes internacionales. En el caso de Renfe, mantiene un acuerdo con la australiana QBE. De acuerdo con fuentes del mercado, QBE también cubriría a Adif. En el caso de Iryo, es la multinacional estadounidense AIG quien tiene su póliza.

“Las indemnizaciones por responsabilidad civil serán, en cualquier caso, mucho mayores que las derivadas del seguro obligatorio de viajeros; el problema es que se pueden demorar durante años”, explica una fuente del sector. La principal referencia que suelen tomar los jueces en este tipo de situaciones es el baremo de indemnizaciones de accidentes de tráfico. Esta fija el pago de al menos 107.000 euros para el cónyuge de un fallecido (para víctimas de hasta 67 años) y del mismo importe para cada uno de los hijos menores de 14 años.

En el caso de heridos, se tendrá en cuenta la pérdida de calidad de vida por las secuelas, la incapacidad para desarrollar su profesión, los daños morales, los estéticos, los gastos que tendrá a futuro por una posible dependencia... En los grandes lesionados, las cifras que abonan las aseguradoras pueden superar el millón de euros.

El problema al que ahora se enfrentarán las víctimas y familiares de fallecidos es la dificultad para determinar quién es el responsable de un accidente. En el último gran accidente ferroviario ocurrido en España, el del Alvia de Angrois —que tuvo lugar en 2013—, no fue hasta 2025 cuando el juzgado de Santiago de Compostela falló que que QBE (aseguradora de Renfe) y Allianz Global (de Adif) tenían que indemnizar a las víctimas (79 fallecidos y 143 heridos) con el pago de 25 millones de euros. El fallo está recurrido ante la Audiencia Provincial de A Coruña.