El Gobierno de Gustavo Petro ha intervenido el mercado de energía eléctrica en Colombia. Dos decretos —el 1072 y el 1091— expedidos el 15 y 16 de octubre, cambian los lineamientos de un sector atravesado por las amenazas de desabastecimiento y las alzas de las tarifas, en un país donde más de 12 millones de usuarios de estratos bajos destinan en promedio el 3,5% de su presupuesto al pago de la electricidad, según el Ministerio de Minas y Energía. El primero de los decretos introduce una medida que cambia las reglas del juego para los generadores de la energía, a quienes les exige que vendan en contratos de largo plazo al menos el 95% de su generación, en lugar de hacerlo al precio cambiante de la Bolsa de Energía, que define el precio según los picos de oferta y demanda de cada momento.
El objetivo es reducir que los comercializadores, quienes venden esa energía a las familias y las empresas, estén menos sujetos a la volatilidad. El Gobierno parte de que en la bolsa hoy los generadores tienen la capacidad de imponer los precios, especialmente cuando hay escasez de agua en las hidroeléctricas o cuando crece la demanda. “El espíritu de ese decreto es forzar a vender más energía en contratos”, dice Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía (Andeg). Desde su punto de vista, sin embargo, el enfoque debería ser otro: “El Gobierno debería ofrecer incentivos que estimulen la contratación”, es decir, promover y no obligar a ese tipo de venta. Su argumento es que la exigencia no soluciona el problema de fondo, que son las limitaciones en la producción de electricidad. Para Castañeda, “el mercado sigue bastante apretado, no hay muchos excedentes [de energía]”, por lo que “lo más beneficioso sería aumentar la oferta para tener más contratos, más disponibilidad y mejores precios”.
El decreto no tendrá una aplicación inmediata, pues es un lineamiento de política pública que debe reglamentar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en los próximos tres meses. Por lo pronto, el despacho ministerial sostiene que las fallas estructurales del mercado hacen inviable un esquema voluntario, en el que los generadores deciden libremente qué parte de su energía venden en contratos a largo plazo y qué parte ofertan en la Bolsa. Según el Ministerio de Minas y Energía, las “fallas estructurales en el mercado, como la exclusión de ciertos agentes de los contratos a largo plazo y la ausencia de participación de la demanda en la Bolsa” solo hacen rentable para los generadores “vender durante picos de demanda o escasez hídrica, dejando en promedio un 20% de su capacidad sin contratos”.
En otras palabras, según el Gobierno, los generadores como EPM, ENEL, Isagen o Celsia, tienen incentivos para especular en el mercado al contado. El Ministerio también advierte que en ese sistema de intercambios “la demanda adopta un rol pasivo, aceptando los precios y las cantidades fijadas por este mecanismo”, lo que limita la competencia y vuelve el sistema más volátil. Por eso, concluye, “un esquema voluntario no sería efectivo ni suficiente para lograr el fin previsto”.
Para justifica los ajustes, el Gobierno también recuerda que los usuarios han estado expuestos a precios altos en periodos de sequía, como durante ‘El Niño’ en 2024. Eso porque, ante la falta de agua en los embalses, el sistema enciende la generación térmica, que tiene mayores costos de producción. Todo esto con el trasfondo de que los colombianos pagan una de las tarifas energéticas residenciales más costosas de la región. Para un consumo mensual de 250 KWh, los hogares pagan 61.025 pesos (a julio de 2024), una cifra más alta que las de Perú, Chile, Argentina, Brasil o México.
El segundo decreto complementa la estrategia. Su objetivo es establecer lineamientos para la contratación a largo plazo de proyectos eléctricos en todos los eslabones de la cadena, desde la generación hasta la distribución, pasando por el almacenamiento. La finalidad es fortalecer la matriz energética y mitigar los efectos negativos de la variabilidad en los recursos energéticos y del cambio climático. También busca promover la incorporación de fuentes no convencionales de energía renovable como la biomasa, la eólica o la solar, algo fundamental para garantizar la confiabilidad y disminuir los costos de la generación. El ministro del ramo, Edwin Palma, ha enfatizado en que el objetivo es que “ningún colombiano pague más por la energía debido a la especulación o a la volatilidad de los precios de la Bolsa”.
La intervención ha generado tensión con los gremios del sector. Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, ha advertido que la incertidumbre regulatoria y los retrasos en proyectos e infraestructura dificultan la llegada de inversión para asegurar energía confiable. El gremio sostiene que atribuir las fluctuaciones de precios a conductas anticompetitivas carece de fundamento sin evidencia técnica rigurosa, y recuerda que los generadores operan bajo supervisión constante de la CREG, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Superintendencia de Industria y Comercio y el operador del sistema, XM.
Acolgen insiste en que el problema estructural radica en la baja entrada de nuevos proyectos: entre 2021 y 2025, los ingresos efectivos de nueva energía han sido muy inferiores a lo esperado, apenas del 1,6 % este año. “El país necesita reglas estables, decisiones técnicas y una visión de largo plazo para garantizar energía 24 horas al día, siete días a la semana”, concluyó Gutiérrez en declaraciones a Forbes Colombia.
