La pedanía de Novaliches está formada por cinco calles. No se ve a nadie en ellas. Es lunes, tarde. Cae la noche sobre las montañas circundantes. Solo al final se vislumbra la figura de una policía local, apostada en la puerta de un edificio con luz. Dentro, hay varias docenas de personas apretadas en una habitación y ocupando parte de la escalera. Se está celebrando el pleno del ayuntamiento de Jérica, localidad castellonense de 1.700 habitantes, el primero que preside el alcalde, Jorge Peiró, del PP, desde que trascendió la pasada semana su imputación por presuntas agresiones sexuales a dos menores.

La sesión discurre en silencio. Únicamente, en el turno de ruegos y preguntas, sale a relucir el asunto del que no se deja de hablar en el pueblo. Ramón Martínez, concejal socialista, se dirige a los concejales del PP (seis, por dos del PSPV-PSOE y uno de Izquierda Unida) les pregunta por su opinión sobre “la imagen que está dando a nivel nacional Jérica” a raíz de la investigación contra el alcalde y si les parece justo sostenerlo en el cargo, no pedir su dimisión y presentar una moción de censura. No hay comentarios, se oye desde el grupo popular. El socialista insiste en que respetando “la presunción de inocencia”, Peiró no puede continuar como alcalde por “el bien de la reputación y el nombre del pueblo”.

Finalmente toma la palabra el alcalde, suspendido de militancia por la dirección de su partido y cesado como asesor de la diputación de Castellón la pasada semana. Lleva escrita su breve intervención: “España es un país democrático y en este estado de derecho que nos protege a todos existe la presunción de inocencia. Hoy apelo a este derecho y pido máximo respeto porque soy inocente. Y con ese mismo respeto pido que se deje actuar a la justicia. Creo que plenamente en ella, y sé que al final la verdad triunfará. Hasta entonces, voy a seguir haciendo aquello que me encomendó mi pueblo, aquello que hoy me siguen pidiendo mis vecinos a los que agradezco infinitamente esas muestras de cariño que me han dado y a mí y a mi familia”.

En el núcleo urbano de Jérica, a 65 kilómetros de Valencia, algunos vecinos se muestran remisos a hablar del espinoso asunto. “Había rumores desde hace tiempo, pero yo no sabía lo de la jueza. No sé”, comenta un hombre de mediana edad que prefiere no dar su nombre. La titular del juzgado de la sección Civil y de Instrucción número 1 de Segorbe “por sendos presuntos delitos de agresión sexual respecto a dos víctimas menores de edad”. Por ello, “tiene abierta una causa desde hace meses”, confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a este periódico. La jueza le impuso en su momento, y “están vigentes en la actualidad, medidas cautelares de alejamientos y de prohibición de comunicación respecto a los dos denunciantes”.

La instructora calificó de esta manera unos presuntos delitos que habrían sido cometidos años atrás, pero que aún no habrían prescrito. Peiró, de 56 años, remitió un comunicado la pasada semana a través de su abogado defendiendo su inocencia y asegurado que quienes le han denunciado son mayores de edad, dos varones adultos, de 26 y 27 años, no menores de edad, “conforme se ha filtrado maliciosamente en diversos medios”.